Julián Ercolini, juez federal,  quedó ratificado a cargo de la causa que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman, luego de que la Cámara de Casación rechazara hoy un recurso en el que se lo acusó de "acordar" movimientos judiciales con los abogados de la querella.


La sala IV de Casación, fue la que resolvió,  en relación con una queja planteada por la defensa del técnico informático Diego Lagomarsino en la que había sostenido que la querella mantuvo una supuesta reunión con el juez Ercolini en la que se habló de presentar ciertos escritos. 

 

Alberto Nisman


Los jueces Gustavo Hornos y Mariano Hernán Borinsky rechazaron también el intento de apartamiento del un ingeniero tecnológico, Gustavo Presman, designado por la defensa de las hijas de Nisman, que debe realizar la pericia dirigida a establecer los motivos de su muerte.


El perito Presman, es quien sostiene que la computadora de Nisman fue manipulada el domingo 18 de enero de 2015 -día en que el entonces titular de la UFI-Amia fue encontrado sin vida- a las 7.30 de manera remota y que no lo hizo el propio fiscal.


Por su parte, la defensa de Lagomarsino, a cargo de los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, había denunciado que el "8 de junio" uno de los abogados que representan a las hijas de Nisman había reclamado a los gritos, en la mesa de entradas del juzgado de Ercolini, que se le recibiera un escrito "conversado" con el juez.

 


Los letrados defensores de Lagomarsino, el dueño del arma de la que salió el disparo que mató a Nisman y único imputado en la causa hasta el momento, sostenían que, en la misma ocasión, uno de los abogados designados por la querella había manifestado que debía reanudar una reunión con Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano.


Por otra parte, los peritos que integran la junta interdisciplinaria encabezada por la Gendarmería Nacional se disponían hoy a realizar la reconstrucción de la muerte de Nisman, quien fue encontrado el 18 de enero de 2015 muerto de un disparo en la cabeza en el departamento en el que vivía, en la zona porteña de Puerto Madero. 


La muerte del fiscal -de la que aún la Justicia no pudo determinar las circunstancias en la que se produjo- ocurrió cuatro días después de que el fiscal denunciara penalmente a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la Amia, a raíz de la firma del Memorándum de Entendimiento con ese país. 

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