El Senado dio media sanción este miércoles , en sesión especial pedida por la oposición mayoritaria, al proyecto de ley que declara la emergencia ocupacional en todo el territorio nacional, en un intento por frenar por 180 días los despidos en el ámbito público y privado. La iniciativa se aprobó por 49 votos afirmativos, 15 negativos y ninguna abstención.

El presidente de la comisión de Trabajo y Previsión Social y autor de la iniciativa, Daniel Lovera, explicó que el proyecto apunta a proteger "el empleo por un período limitado" a la espera de que "cambien las condiciones socioeconómicas del país.

"Hemos sido responsables al votar leyes a favor de pagar la deuda externa. Ahora es tiempo de ser responsable de saldar las deudas sociales y las deudas laborales que tiene el país", marcó el referente del peronismo disidente.

El jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria subrayó que "el Senado va a estar siempre con los trabajadores" mientras que su colega del radicalismo, Angel Rozas, votó en contra: "No acompañamos porque no creemos que sea la mejor herramienta para esta circunstancia", dijo en el discurso final.

En las mociones previas, el chubutense Mario Pais, en nombre del mayoritario bloque PJ-FpV, avaló la propuesta, que prohíbe los despidos por el lapso mencionado y habilita al trabajador a buscar por vía judicial su reinserción en el puesto de trabajo o la opción del despido con doble indemnización; y dijo que cuando se trata de empleo "se está hablando de un derecho humano, garantizado por la Constitución Nacional, el derecho al trabajo".

En cambio, el macrista Federico Pinedo cuestionó la iniciativa opositora al apuntar: "Cuando hay desempleo, lo que hay que hacer es generar empleo, esta es la obligación fundamental" y dijo que el dictamen de mayoría protege "a los trabajadores en blanco actuales", pero quedan afuera "los trabajadores en negro y a la gente que no tiene empleo" así como no resuelve la situación de "los jóvenes que deben ser incorporados al empleo".

Además, defendió las medidas adoptadas por el gobierno al sostener que "la eliminación de las retenciones al campo y la liberación del tipo de cambio, estimamos que van a generar este año, 12 mil millones de dólares de inversión, en el sector de alimentación, no solo en el sector primario sino en la manufacturación de productos de origen primario".

Otros que se pronunciaron a favor de la iniciativa fueron el senador por Movimiento Popular Neuquino y gremialista petrolero Guillermo Pereyra, el jefe de Proyecto Sur, Fernando "Pino" Solanas; la puntana Liliana Negre de Alonso, quien dijo que "no es verdad que esté en vigencia" la emergencia ocupacional como había aseverado el radical formoseño Luis Naidenoff, y aclaró que "está vigente la emergencia ocupacional sólo para al Repro (el subsidio del Estado para financiar parte de los sueldos de los empleados en empresas en crisis)".

El salteño Rodolfo Urtubey expresó, por su parte, el respaldo en general, pero pidió que se "exceptúe a las pequeñas y medianas empresas" porque dijo que "hay un enorme trama social de pequeños productores donde no se da esta relación patrón-obrero (como en las grandes empresas)", que contó con el respaldo del sanjuanino Roberto Basualdo (Compromiso Federal), quien por su parte pidió que el caso "de las contrataciones que efectúen dichas empresas pymes se establezca un período de prueba de 12 meses".

En un tono similar se expresaron los massistas Miriam Botadjián (MPF) y Alfredo Luenzo (dasnevista); y la rionegrina Magdalena Odarda (CC-ARI), quien señaló que "es cierto que la situación de miles de despidos es alarmante" y alertó que en su opinión la emergencia debería extenderse por un año.

La macrista Laura Rodríguez Machado esgrimió una defensa del gobierno al indicar que "estamos atravesando una crisis que hemos heredados", y salió a cruzarla la kirchnerista Virginia García al postular que "se habla mucho de dejar atrás la hipocresía, pero la hipocresía es de aquellos que dicen que la crisis es producto de una herencia".

"Vetar la ley sería un Error fenomenal en lo político", advirtió el margarito Jaime Linares, para recordar que la teoría del derrame es algo que ya se vivió en el país e ironizó que "hay algunos lugares en los que no llega ni la humedad del derrame".

Aprueban el proyecto para limitar la toma de deuda del Poder Ejecutivo

Además del proyecto de ley de Emergencia Ocupacional, la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad, y envió a Diputados, un proyecto para modificar la Ley de Administración Financiera y que el Poder Ejecutivo que cada vez que pretenda tomar deuda, tanto interna como externa, deba pedir autorización al Congreso de la Nación.

El proyecto establece que también el Poder Legislativo debe autorizar la prórroga de jurisdicción de pago de esa deuda. La iniciativa exceptúa al Estado de pedir permiso cuando tome deuda en organismos multilaterales de crédito de los cuales es parte, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial.

Además, se eliminó la autorización del Congreso a las empresas del Estado o con participación accionaria mayoritaria, que sólo deberán emitir un plan financiero anual. No obstante, el Ejecutivo debe informar dónde se contrae la deuda, monto máximo de la operación, plazo de pago y destino de los fondos.

Pero, se exceptúa del permiso legislativo al endeudamiento comercial o bancario de las empresas del Estado, así como las actividades de la banca estatal.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el kirchnerista bonaerense Juan Manuel Abal Medina, argumentó que la iniciativa busca “fortalecer el control parlamentario” sobre las decisiones del Poder Ejecutivo. “Necesitamos que la Argentina no vuelva a caer en ciclos de endeudamiento”, señaló.

El radical Oscar Castillo recordó que “se aprobaron los Presupuestos de los últimos años a libro cerrado”. “Ojalá que este camino que hoy se inicia se institucionalice”, auguró.

El peronista puntano, Adolfo Rodríguez Saá, autor del proyecto en conjunto con el kirchnerista Miguel Angel Pichetto, comentó que “lo que se trata de evitar no es que no se pueda contraer un empréstito”.

“Lo que estamos prohibiendo es que un funcionario, escondido, saque un empréstito que nadie sabe para qué, cuál es el monto y cómo se utiliza”, enfatizó.

La misionera Sandra Giménez, también integrante del bloque del Frente para la Victoria, presentó un dictamen en minoría y votó en contra de la iniciativa que fue aprobada esta noche. “No cuenten conmigo para endeudar nuevamente a la Argentina sin los mecanismos constitucionales que corresponden”, expresó.

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