Según un informe aprobado por unanimidad, la Auditoría General de la Nación (AGN) señaló una serie de "deficiencias" en la administración de la Corte Suprema de Justicia durante el año 2011. Esto quiere decir que la AGN, que dirige el ex diputado peronista Oscar Lamberto, encontró problemas en la liquidación de los sueldos de la Justicia, en la razonabilidad de algunos gastos, en los fondos girados a la obra social del poder judicial y en la transferencia de inmuebles, entre otros rubros.

En un informe de 152 páginas, aprobado el miércoles por unanimidad por Lamberto (peronismo), Javier Fernández (peronismo), Jesús Rodríguez (UCR), Alejandro Nieva (UCR), Juan Ignacio Forlón (kirchnerista), Gabriel Mihura Estrada (Frente Renovador), María Graciela de la Rosa (peronismo) se hacen esas serie de observaciones.

Rodríguez, ex diputado nacional y ex ministro de Economía, explicó que “las observaciones fueron hechas y esperamos que sean subsanadas", pero “lo que es un despropósito, aunque no ilegal, es que la Corte tenga invertidos a plazo fijo 12.700.000.000 pesos cuando el resto del Estado tiene déficits y pide prestado al exterior pagando una alta tasa de interés”. Ese dinero invertido en el sistema financiero proviene de la ley de autarquía de 1991 que, además del presupuesto que le asigna el Congreso, el poder judicial tiene derecho a cobrar el 3,5 por ciento de todos los ingresos tributarios y no tributarios de la Tesorería Nacional. La plata está depositada en los bancos de la Nación y Ciudad. El tema es aún más polémico porque el Consejo de la Magistratura de la Nación, que propone y destituye jueces, es deficitario y depende para su funcionamiento de adelantos del Gobierno.

La AGN pudo auditar a la Corte gracias a un convenio bilateral ya que por ley solo puede controlar al poder ejecutivo. En los próximos meses se conocerán auditorías sobre los gastos del máximo tribunal en el 2012 y 2013. El primero había sido sobre el presupuesto de la Corte del 2010.

 

 

 

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