El incendio en el depósito de Iron Mountain en Barracas fue intencional de acuerdo a la conclusión a la que llegaron los peritos de la Policía Federal tras analizar los restos de las estructuras que se derrumbaron y provocaron la muerte de ocho bomberos y dos miembros de Defensa Civil, el 5 de febrero de 2014. 


En el lugar murieron los bomberos de la Policía Federal Anahí Garnica, Leonardo Day, Eduardo Conesa, Damián Véliz, Maximiliano Martínez y Matías Monticelli; los del cuartel Vuelta de Rocha, Sebastián Campos y Facundo Ambrosi; y los integrantes de Defensa Civil, José Méndez y Pedro Barícola.

 

 


La causa primero fue caratulada como incendio y luego cambiada al delito de estrago. Durante la investigación, en la que interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 18 a cargo del juez Pablo Ormaechea, se comprobó que fallaron los sistemas de emergencia del depósito. La mañana del siniestro se activaron las alarmas, pero no funcionaron los aspersores que debían rociar y apagar las llamas. Luego se determinó que las bombas no tenían la presión suficiente y que los depósitos de agua estaban a la mitad de su capacidad. Con esos elementos fue cobrando fuerza la hipótesis del sabotaje o incendio intencional.


Dos hechos ocurridos el 22 de mayo de 2014 que sembraron más dudas. La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) difundió un informe en el que constató que en los depósitos 7 y 8 de Iron Mountain había información de 43 empresas, muchas de las cuales estaban vinculadas a 29 investigaciones en curso.


Los bancos Patagónia y HSBC, La Caja Seguros, Jumbo y Cervecería y Maltería Quilmes fueron los que más documentación perdieron en el siniestro , según la Procelac. El mismo día, el juez federal Sergio Torres ordenó el allanamiento en la sede central Iron Mountain a pedido de la AFIP por presunto delito de lavado de dinero.

 

Gómez Centurión en la Legislatura porteña


Las medidas de seguridad de Iron Mountain ya habían generado dudas. En mayo de 2007 el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del gobierno porteño clausuró un depósito de Villa Lugano donde la empresa guardaba papel, cartón, envases, libros y muebles. La falta de un plan de contingencia para incendios fue uno de los motivos del cierre. También pesaba el historial de incendios en sedes de otros países. En 1997 ardieron tres depósitos en Nueva Jersey (Estados Unidos), y en 2006 se incendiaron los de Londres (Inglaterra) y Ottawa (Canadá).


Por su parte, para los familiares de las victimas, el responsable es Juan José Gómez Centurión, quien al momento de la tragedia era el responsable de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), encargada de habilitar y fiscalizar los locales de la Ciudad de Buenos Aires y nunca lo citaron porque está apañado por el presidente Mauricio Macri", señalaron en un acto conmemorativo. 


El ex titular de la Agencia Gubernamental de Control nunca fue investigado por el incendio en el que murieron diez personas y se quemaron documentos de grandes bancos y empresas. Según la denuncia de los ex compañeros y familiares de las vítimas, tampoco Gómez Centurión pudo explicar ante la Legislatura porteña cómo se extravió el expediente de habilitación de la firma.


En total, 32 personas desfilarán por el juzgado Criminal y Correccional N° 18 a cargo de Pablo Ormaechea en los próximos meses. No está entre los citados por el juez Juan José Gómez Centurión. La querella le apunta al actual jefe de la Aduana y no descarta pedir que declare el presidente de la Nación, Mauricio Macri, porque gobernaba la ciudad de Buenos Aires el 5 de febrero de 2014, cuando ocurrió la tragedia. Recién ahora, a tres años y casi tres meses del hecho, podría haber algunos avances en el expediente.

 

Mauricio Macri y Gómez Centurión 

 


Macri tiene una relación con Iron Mountain. En 2009 el entonces jefe de gobierno condecoró a la empresa por ser una de las primeras en radicarse en el distrito tecnológico diseñado por quien era Ministro de Producción de la ciudad, Francisco Cabrera, que hoy ocupa el cargo homónimo a nivel nacional pero su pasado laboral esta ligado a, por ejemplo, el HSBC. 


Este distrito tenía como objetivo la radicación de empresas de tecnología en la zona sur de la ciudad, bajo el incentivo de beneficios impositivos como la exención de Ingresos Brutos, Impuesto de Sellos, ABL y otros. Nada explica porqué Iron Mountain, que guardaba papeles, tenía beneficios de empresa tecnológica. Lo cierto es que la sede de Iron Mountain que se incendió no estaba dentro del distrito tecnológico: pero como la empresa tenía su domicilio legal en otro depósito que sí quedaba dentro de ese perímetro lograba la exención de impuestos.


Por otro lado, varias cajas con documentación que se perdieron por el incendio eran de empresas de la familia Macri. En el ranking de las empresas que más documentación perdieron se encuentra Servicio Electrónico de Pago SA, nombre legal de Pago Fácil, empresa controlada por SIDECO, del clan Macri. 

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