El Gobierno oficializó, mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU), la supresión del ministerio de Comunicaciones, cuyas funciones las absorberá la cartera de Modernización; el pase de la Secretaría de Deporte, que antes dependía del Ministerio de Educación, a la esfera de la Secretaría General de la Presidencia; y la transferencia de las áreas de inversión pública y la política de comercio exterior a la Jefatura de Gabinete.

A través del decreto 513/2017, publicado hoy en el Boletín Oficial, buscan "lograr la utilización racional de los recursos públicos, particularmente los relacionados a la inversión pública nacional, para potenciar la planificación y el control de gestión de la misma", indica el texto.

En tanto, se justifica necesario efectuar un "reordenamiento estratégico que permita concretar las metas políticas diagramadas, así como racionalizar y tornar más eficiente la gestión pública" para eliminar el Ministerio de Comunicaciones y traspasar sus actividades a Modernización, que incluye "administrar las participaciones del Estado" en Arsat y en el Correo Argentino.

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Entre las nuevas facultades de la cartera que conduce Andrés Ibarra están "entender en la elaboración y en la ejecución de la política en materia de telecomunicaciones", que supone "intervenir en la elaboración de las estructuras arancelarias", "supervisar los organismos y entes de control de los prestadores de los servicios" en el área de su jurisdicción y regular "las licencias, autorizaciones, permisos o registros de servicios" o de "otros títulos habilitantes" otorgados por el Estado Nacional o las provincias en materia de comunicaciones.

También, podrá "establecer los regímenes de tarifas, cánones, aranceles y tasas" de las tareas del área y "entender en la elaboración, ejecución, fiscalización y reglamentación del régimen del servicio postal".

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Además, el DNU transfiere las competencias vinculadas al deporte profesional y de alto rendimiento, que la Secretaría de Deporte llevaba a delante dentro del Ministerio de Educación, a la Secretaría General de la Presidencia.

Tal como marca la ley 26.122, que regula el trámite y los alcances de la intervención del Congreso respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia, el decreto publicado hoy deberá ser estudiado por la Comisión Bicameral Permanente que debe pronunciarse respecto de su validez o invalidez, así como elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de 10 días hábiles.

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