La Cámara de Diputados aprobó este miércoles y giró al Senado este miércoles el proyecto que establece un régimen para que los usuarios residenciales y las pymes puedan generar energía renovable e inyectar en la red eléctrica pública el exceso de energía que generen por encima de su consumo.

Fue aprobado con 159 votos a favor, tres en contra y una abstención. “Este proyecto fue fruto de un arduo trabajo entre todos los bloques para unificar y sintetizar distintas visiones sobre la incorporación de la generación distribuida”, destacó Julio De Vido, titular de la Comisión de Energía de la Cámara baja.

De Vido resaltó que el proyecto “marca la continuidad con las iniciativas para desarrollar las energías renovables que llevó adelante Néstor Kirchner en 2004 con el Plan Energético Nacional”.

Además, especificó que a este régimen sólo podrán acceder los usuarios, cooperativas o pymes del mercado de la electricidad y se prohíbe ingresar a los grandes clientes con potencias mayores a 300 KV.

También se crea el Fondo Fiduciario Público denominado “Fondo para la Generación Distribuida de Energías Renovables (FODIS)”, que tiene como objeto la aplicación de los bienes fideicomitidos al otorgamiento de préstamos, incentivos, garantías, la realización de aportes de capital y adquisición de otros instrumentos financieros, todos ellos destinados a la implementación de sistemas de generación distribuida a partir de fuentes renovables.

Exclusivamente se incorporó un capítulo para fomentar la industria nacional, a través del “Régimen de Fomento para la Fabricación Nacional de Sistemas, Equipos e Insumos para Generación Distribuida” a partir de fuentes renovables (FANSIGED).

El diputado Juan Carlos Villalonga (Pro), otro de los impulsores de la ley, enfatizó que "lo novedoso es que hablamos de energía distribuida con fuentes renovables del lado del usuario, es decir, del lado del consumo. Esto es absolutamente nuevo, no está previsto en ninguna norma que rija el mercado eléctrico, y por eso la necesidad de esta ley”.

El proyecto contó con aval de Cambiemos y recibió modificaciones en el recinto, impulsadas desde el bloque Justicialista, para garantizar que no se invada la competencia que los Estados provinciales tienen en este tipo de legislación.

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