La polémica detención de la militante social Milagro Sala llegó a los Estados Unidos, a la ciudad de Washington, más precisamente, en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Todo comenzó cuando el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, manifestó que la Casa Rosada no tiene "ningún interés" en criminalizar la protesta social y está comprometida con el respeto a la libertad de expresión con los límites propios "de un estado de derechos". Dijo que esa garantía no ha sido violada en Jujuy.

"El respeto de los derechos humanos es una cuestión dinámica que va planteando tensiones permanente", agregó Avruj, tras la audiencia, en diálogo con la prensa argentina.

"Siempre va a haber demandas. Tenemos que estar permanentemente monitoreando y recibiendo la información para corregir los errores que se pueden llegar a producir, que no creemos que en este caso se hayan producido. Todo lo que se ha hecho en Jujuy está sujeto a derecho", agregó.

La respuesta de los organismos de derechos humanos y dirigentes sociales y sindicales de Jujuy, liderados por el presidente del Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS), Horacio Verbitsky, no se hizo esperar.

Dijeron que en Jujuy se han violado derechos políticos y existe una "intolerable persecución" por parte del gobernador, Gerardo Morales, aliado de la Casa Rosada.

"En Jujuy, la constitución nacional no rige. Rige la voluntad del gobernador de la provincia. Es el núcleo del problema", dijo Verbitsky.

Todos los representantes de los organismos plantearon lo mismo: una persecución judicial a trabajadores, criminalización de protestas y ofensivas para "disciplinar a los sindicatos". Verbitsy denunció la "intolerable situación de persecución que se vive en la provincia de Jujuy contra toda protesta por parte de un gobierno que sólo permite que se escuche su propia voz".

Sin embargo, Mario Miranda, fiscal de Estado de Jujuy, negó cualquier falta. Dijo que las organizaciones sociales excedieron "los límites de la protesta" al crear un apenas asumió el nuevo gobierno de Morales.

"La provincia de Jujuy se encuentra comprometida con el respeto del ejercicio de todos los derechos humanos", afirmó Miranda, quien negó una "aplicación abusiva" de la ley. 

Verbitsky dijo que esas declaraciones mostraban el "cinismo con el que se maneja la provincia de Jujuy".

La CIDH enviará una delegación a Jujuy en mayo, invitada por el propio gobierno de Morales y Miranda dijo que será un "honor" recibirlos. Hasta allí el capítulo Jujuy.

Capítulo política migratoria

Pero además, la CIDH expresó este lunes "fundada preocupación" por el decreto migratorio firmado por el presidente Mauricio Macri, en tanto que el Gobierno nacional rechazó intenciones "xenofóbicas" y aseguró que la Argentina es un país "de puertas abiertas" a los extranjeros.

El presidente del organismo, Francisco Eguiguren, advirtió que existe "fundada preocupación" por el hecho de que este tipo de medidas escondan una intención de culpar a migrantes por "aumento del delito".

Incluso, Eguiguren recordó que esa situación se debate en la actualidad "en el país que nos acoge", en referencia a los Estados Unidos.

A su vez, el director nacional de Migraciones, Horacio García, aseguró que la Argentina es un país de "puertas abiertas" y destacó que desde que el presidente Macri asumió se regularizó la situación de 250 mil extranjeros.

García asguró que la Argentina está en condiciones de recibir "40 millones" de inmigrantes y resaltó el "aporte positivo" de la inmigración.


 

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