El ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Martín Ocampo confirmó este martes que, tras haber conseguido el traspaso de la Policía Federal, la administración porteña está ahora negociando con la Nación la transferencia de la Justicia ordinaria a su jurisdicción.

"Estamos trabajando con el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, para avanzar en el traspaso de la Justicia ordinaria, la laboral, la penal, la comercial y la civil, que pasarían a la órbita de la Ciudad, con recursos", dijo Ocampo.

El funcionario expuso que la justicia de Instrucción "es una justicia local y recientemente hay un fallo de la Corte Suprema que dice que ésta es una situación 'anómala y transitoria' porque corresponde a las autoridades de la Ciudad tener la competencia en esta materia".

En declaraciones a radio Cadena ECO, Ocampo recordó que este tipo de transferencias "siempre hay que hacerlas con recursos para que no se desfinancie a la Ciudad".

Desde hace una década, la Justicia Nacional de Instrucción Penal viene transfiriendo paulatinamente al fuero Penal y Contravencional de la Capital Federal la competencia para entender en diversos delitos.

El último hito, en ese sentido, se produjo en setiembre del año pasado, cuando la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas entendió que una Ley sancionada por el Congreso Nacional en 2011 pero nunca puesta en práctica ya está vigente.

Esa ley resumió el último "paquete" de delitos que pasaron a la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, incluyendo abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, delitos de los funcionarios públicos contra la libertad individual siempre que fuera cometido por un miembro de los poderes públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De esa manera, virtualmente vació de contenido a la mayoría de las causas que tramitaban ante la justicia Correccional (delitos con penas de hasta tres años de cárcel) y también a expedientes que tramitaban en los juzgados penales.

El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, ya había deslizado a poco de asumir una iniciativa para transferir juzgados nacionales con asiento y jurisdicción en la Capital Federal a la órbita de la justicia porteña.

Ocampo recordó en la charla radial que las transferencias de competencias –y su correlación con los juzgados- "se encuentra previsto en la Constitución de 1994, para que no se repita el proceso de desfinanciamiento que hizo el ex presidente Carlos Menem cuando pasó escuelas y hospitales a las provincias, algo que no fue exitoso", dijo.

Sobre los fondos para atender los gastos de la policía ahora transferida, el ministro subrayó que "la idea de solventar estos gastos fue siempre que los mismos recursos que la Nación destinaba a prestar el servicio de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires tenían que ser transferidos, para que nadie ganara ni nadie perdiera".

Este martes, el presidente Mauricio Macri, por Decreto, amplió el coeficiente de coparticipación de la CABA de 1,40 a 3,75 por ciento para "proseguir asumiendo las competencias, servicios y funciones inherentes a su régimen autónomo" y para "garantizar dicha autonomía", se explicó en los considerandos.

 

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