El fiscal federal Federico Delgado apeló este jueves la decisión de mandar a los tribunales de Esquel la denuncia para investigar si el Gobierno de Mauricio Macri encubrió la desaparición de Santiago Maldonado, de quien no se sabe nada desde el 1 de agosto pasado.

En el dictamen al que accedió DyN, Delgado sostuvo que "se trata de investigar lo que hicieron y dejaron de hacer determinadas autoridades" por lo que "resulta evidente que tanto la averiguación de la verdad como el ejercicio del derecho de defensa, inclina la balanza hacia la justicia federal de esta ciudad, sede de las mismas".

Se trata de denuncia de organizaciones como la Liga Argentina de los Derechos del Hombre que acusaba a Macri, los ministros de Justicia y Seguridad Germán Garavano y Patricia Bullrich, el jefe de Gabinete Marcos Peña, el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, el funcionario de Seguridad Pablo Nocetti y las autoridades de Gendarmería por encubrir la desaparición del joven. 

Para los denunciantes, hubo un "pacto de silencio" de las autoridades estatales, buscando "deslindarse de toda responsabilidad generando una campaña de desinformación, en descalificable alianza con los medios masivos de comunicación social".

La semana pasada, Delgado requirió abrir la causa para investigar la responsabilidad del Gobierno de Mauricio Macri y de las autoridades de Gendarmería Nacional en el encubrimiento por la desaparición de Santiago Maldonado y promovió que se le pida al jefe de Gabinete Marcos Peña informe de manera "urgente" qué tareas desplegó la Gendarmería en la ruta 40 aquel 1 de agosto en que desapareció el joven, y una copia del expediente que se sustancia en Esquel.

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Sin embargo, el lunes pasado, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral se declaró incompetente para investigar si el Ejecutivo nacional encubrió la desaparición del joven Santiago Maldonado, al entender que el caso debía ser enviado al juzgado federal de Esquel, a cargo de Guido Otranto, quien es el que investiga el hábeas corpus para dar con el paradero del joven e intervine en el otro expediente, a cargo del a fiscal Silvia Avila, caratulado como desaparición forzada.

Pero ahora Delgado apeló a la Cámara Federal, al entender que Canicoba Corral había ido en contra de la jurisprudencia de la Corte Suprema y entendió que es correcto sostener que la desaparición se investigue en Esquel, pero no la posibilidad de que se haya encubierto el hecho desde un nivel oficial.

Tras señalar que "administrar procesos jurisdiccionales requiere inteligencia, y sobre todo inteligencia práctica, prudencia aristotélica, ir hacia la singularidad del caso, alejarse de la abstracción", Delgado sostuvo que "el riesgo concreto de apresurarnos es mezclarlo todo y no responder al interrogante concreto que se formula tras cada investigación criminal".

"Una pregunta es qué pasó con Santiago Maldonado; otra pregunta es qué hizo y qué dejó de hacer el estado en ejercicio de sus responsabilidades propias. El 'encubrimiento' en esta instancia preliminar del proceso no es una calificación definitiva de los hechos (que en rigor se desconocen) es un significante, una pregunta: qué hicieron o dejaron de hacer las autoridades respecto a la desaparición de Santiago Maldonado, para luego examinar si esas acciones y/u omisiones podrían constituir algún delito", aseguró.

Y añadió: "mezclar las preguntas es cargar de connotaciones el hecho de la desaparición cuando todavía se está intentando saber qué sucedió y perder la oportunidad de preguntar, en forma limpia y separada, en ejercicio del sistema los frenos y contrapesos que anima a la división de funciones del estado, ¿qué hizo o dejó de hacer? Ni la desaparición forzada es un hecho ni el encubrimiento es un hecho, son preguntas".

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En su dictamen, Delgado advirtió que " lo que tenemos entre manos son preguntas distintas que deben transitar canales distintos ¿qué pasó con Santiago Maldonado? ¿Qué hizo el Estado para averiguarlo?"

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