La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) iniciará mañana un paro nacional de actividades por 36 horas y una movilización hacia el Congreso Nacional, en rechazo al traspaso de la justicia a la órbita de la Capital Federal.


El paro y movilización fue ratificado a Télam por el titular del gremio, Julio Piumato, al afirmar hoy que la protesta de 36 horas en Capital será "con concentración y movilización a partir de las 10 al Congreso Nacional".

 


Piumato sostuvo que el paro "es para oponernos al traspaso de la justicia y a la flexibilización laboral que plantea el Gobierno para el ámbito judicial", a la vez que reclamó a las autoridades "propuestas que tengan que ver con el mejoramiento de la justicia".


El líder del sindicato judicial,  añadió que el traspaso "en nada favorece a un mejor funcionamiento, sino que trae aparejados la impunidad por el traspaso de la justicia penal al ámbito porteño y los proyectos oficiales también prevén el traspaso de otros fueros, especialmente el laboral, lo que implica poner en riesgo al conjunto de los trabajadores ya que los jueces serán nombrados por el actual gobierno de la Ciudad".


"El traspaso de juzgados sin magistrados, quienes atienden sobre todo delitos contra la administración pública, garantiza al gobierno designaciones afines a su ideología, como lo realiza en la Capital Federal, dependientes del poder de turno", señaló Piumato.

 


El dirigente de la CGT señaló que "es una falacia que la decisión procure respetar los cargos, la carrera judicial y las jubilaciones de los afectados por el traspaso".


La medida de fuerza se da en el contexto del plan de lucha iniciado con la huelga del 3 de febrero último, unos batucados realizados días después y la huelga con movilización hacia Tribunales del 22 de febrero pasado, además de una marcha a la Legislatura de la semana anterior.

 


El traspaso se firmó entre el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta,  el 19 de enero pasado e implica el traspaso gradual (comenzarán por los juzgados vacantes) de la justicia penal, además de la justicia en las relaciones de consumo, la Inspección General de Justicia y el Registro de la Propiedad Inmueble. El cambio no sólo es rechazado por el gremio judicial, sino también por los integrantes de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN).
 

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