A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 258/2017, el Gobierno Nacional extendió hasta fin de año la eximición para el pago de contribuciones patronales para los colegios privados, con el objetivo de contener los aumentos de las cuotas. La medida suspende "desde el 1° de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017 inclusive, la aplicación de las disposiciones contenidas en el Decreto N° 814 del 20 de junio de 2001 y sus modificatorios, respecto de los empleadores titulares de establecimientos educativos de gestión privada que se encontraren incorporados a la enseñanza oficial".

El DNU, publicado en el Boletín Oficial, se da en medio del conflicto entre el Gobierno y los gremios docentes por la falta de una negociación paritaria nacional, lo que derivó en la construcción de la Escuela Itinerante en la Plaza de los Dos Congresos.

 

 

Otro de los puntos del Decreto señala que la aplicación de las contribuciones patronales "provocará un incremento en el valor de los aranceles que abonan las familias por los servicios educativos brindados en instituciones cuyo personal no está totalmente alcanzado por el aporte estatal, impacto que es mayor en aquellas regiones menos favorecidas del país (...) Tal situación puede ocasionar no sólo un detrimento en la calidad educativa, sino que al mismo tiempo puede impactar en el nivel de empleo en este sector, lo que agravaría la situación económica y social actual producida por la crisis financiera mundial y de la que el Gobierno Nacional procura evitar sus mayores riesgos".
   
Según la Ley 24.241 del sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, todos los empleadores privados contribuyen, para la jubilación del personal con relación de dependencia, con un aporte equivalente al 16% del haber remuneratorio de la nómina del establecimiento.        

En junio de 2001, el Gobierno de Fernando De la Rúa adoptó una modalidad de alícuota única para la casi totalidad de las contribuciones, estableciéndolas en el 20% y 16%, según la categoría de los establecimientos. Pero ante la crisis económica que vivía la Argentina, en agosto de ese mismo año se suspendió la aplicación de esos aportes.

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