El fiscal Guillermo Marijuán se puso en acción este martes y dirigió los allanamientos a 37 propiedades de Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz. Entre ellas las dos estancias que el ex valijero "arrepentido" Leo Fariña señaló como los lugares donde estaría enterrado parte del supuesto "tesoro" del detenido empresario kirchnerista.

Esas dos estancias son "Cruz Aike" y "Julia", ubicadas en El Calafate y también hubo procedimientos en Río Gallegos, donde se vio a prefectos apostados en los galpones de calle Güer Aike al 500, donde Báez guardaba su flota de autos, y gendarmes en las oficinas de la firma emblema del empresario, Austral Construcciones, en Alfonsín 143 de la capital santacruceña.

Según informó esta noche el fiscal, el operativo "fue sumamente exitoso" y se secuestraron autos de alta gama y joyas, en tanto que el funcionario judicial afirmó “sentirse sorprendido por el lujo que encontró” en las propiedades del empresario. Además, Casanello ordenó clausurar las oficinas del contador César Andrés.

El operativo estuvo monitoreado desde el juzgado federal y comandados por Prefectura y Gendarmería. Marijuan arribó este martes a la mañana al aeropuerto "Norberto Fernández" de Río Gallegos, a bordo de un avión de la Prefectura Naval que había partido de Comodoro Rivadavia, en el sur de Chubut, se informó en la provincia.

El objetivo del operativo autorizado por el juez federal Sebastián Casanello es hallar bienes que puedan ser incautados para cumplir con el objetivo de recuperar activos sustraídos ilegalmente al Estado Nacional.

Se esperan más allanamientos

 

Fuentes de la investigación aseguraron que los procedimientos podrían ser más, ya que incluirán los bienes registrables del grupo empresario y todo aquello que se considere propiedad de Báez o de su entorno familiar.

Por ello, los allanamientos no se dirigirán sólo a las estancias y lugares mencionados por el ex empleado de Báez, Fariña.

Las pesquisas se realizan pocos días después de que la Cámara Federal, exhortara al juez Casanello a que vaya por todo el dinero que Báez habría sacado del país, unos 51 millones de dólares, mediante operaciones con bonos.

Los camaristas le indicaron al magistrado que no es suficiente con que acuse a Báez de lavar 5,1 millones de dólares provenientes de la evasión fiscal con facturas truchas, sino que debe enfocarse en la expatriación de los 51 millones de dólares que le imputó Marijuan.

La causa, que comenzó en abril de 2013, se reactivó con la difusión de un video de la financiera SGI conocida como "La Rosadita", a mediados de marzo último, activando los llamados a indagatoria de Báez y su contador Daniel Pérez Gadín -que terminaron presos el 5 de abril último-, y también de los hijos de ambos y varios personajes del entorno a los que se veía contando millones de dólares. Las indagatorias se reanudarán la semana próxima con la declaración de Martín Báez -procesado y en libertad- y también de su padre, Lázaro.

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