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La justicia dio algo de tiempo al Gobierno para definir la legalidad de los decretos que permiten a los familiares de los funcionarios acogerse al blanqueo. La medida que fue cuestionada por todo el arco opositor fue judicializada por el diputado del Frente Renovador Felipe Solá ante la Justicia contencioso administrativo: "Los argumentos esgrimidos para fundar la solicitud de habilitación de la feria judicial no revisten -en este caso- suficiente entidad como para disponer la medida excepcional requerida", aseguró la jueza Rita Ailán, titular del juzgado federal N°4. 

El legislador pidió que se declare inconstitucional el Decreto N° 1206 que con las firmas de Mauricio Macri, el extitular de Hacienda, Alfonso Prat Gay y el jefe de Gabinete, Marcos Peña donde se extendió a familiares de funcionarios la posibilidad de ingresar al blanqueo, algo que había sido vedado cuando la norma fue aprobada por el Congreso. 

"La habilitación de feria tiene carácter excepcional cuando exista la posibilidad de hacer ilusorio el presunto derecho invocado por el presentante como consecuencia de la demora en resolver las cuestiones planteadas", sostuvo la jueza en su fallo en el que aplicó la clásica forma que rechaza que pueda haber una continuidad durante enero de las causas que comenzaron a tramitarse al filo de fin de año. "Asimismo, debe tenerse en cuenta que además de la urgencia en la solución, debe referirse a asuntos que se hayan suscitado durante la feria o en un momento inmediatamente anterior a ella", agregó el fallo al que accedió ARG Noticias. 

La firma del Decreto N° 1206 había motivado la apertura de una investigación en los tribunales federales de Comodoro Py, a pedido del fiscal Guillermo Marijuán. En la denuncia a cargo del juez Ariel Lijo y realizada por la legisladora de Libres del Sur, Victoria Donda, se investiga si Macri y los funcionarios pudieron haber cometido un delito con la firma de esa resolución, criticada desde todos los frentes y defendida por el oficialismo. 

Entre las medias pedidas por Marijuán, según señalaron fuentes judiciales a ARG Noticias fue solicitar copias oficiales de la documentación aportada por la diputada y copias taquigráficas reunión de Comisión donde se debatió el blanqueo a los familiares de los funcionarios. 

 

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