El Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Gestión de Intereses, que busca regular la actividad de "lobby".

El proyecto establece la obligatoriedad de los funcionarios de los tres poderes de llevar un registro público de sus audiencias, citando nombre y cargo de los visitantes y los temas allí tratados. 

Además, remarca el concepto de igualdad de trato, es decir la obligación de los funcionarios de atender los pedidos de audiencia de todos aquellos actores que lo soliciten en referencia a un mismo asunto.

La autoridad de aplicación será la misma que la de Acceso a la Información Pública, en cada uno de los tres poderes. 

Quedan excluidos del régimen "las audiencias solicitadas por personas, asuntos privados, excepto que involucre intereses económicos de importancia tal que pueda resultar de interés público y las entrevistas laborales y las de solicitud de asesoramiento técnico a personas humanas o jurídicas".

También "las audiencias solicitadas por funcionarios públicos o por diplomáticos de Estados extranjeros en ejercicio de sus funciones oficiales; como así también enunciar los sujetos obligados por la medida dentro de cada uno de los poderes del Estado y de los Ministerios Públicos".
 

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