Mediante las resoluciones 63 y 64, el Gobierno Nacional multó por 354,37 millones de pesos a Pan American Energy (PAE), la segunda entre las mayores petroleras del país y la más grande de ese rubro en el mercado privado. La penalización se debe a que el grupo no cumplió con sus compromisos de abastecimiento del mercado doméstico de garrafas el año pasado. PAE pertenece a la firma británica BP, a la china Cnooc y a la familia Bulgheroni, que si bien no tiene una participación de control, cuenta con un rol preponderante en la conducción de los negocios en el país.

 

Marcos Pourteau, subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos

 

Las respectivas resoluciones son del 22 de mayo pasado pero no fueron publicadas en el Boletín Oficial. Están firmadas por Marcos Pourteau, subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos del Ministerio de Energía. Esa dependencia estuvo hasta principios de año a cargo de José Luis Sureda, un ex funcionario que trabajó en PAE durante años y renunció a su cargo luego de una fuerte polémica con el jefe de esa cartera, Juan José Aranguren. 

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En marzo de 2015, la gestión de Cristina Fernández de Kirchner creó el 'Programa Hogar', que estipulaba subsidios para hogares de bajos recursos y viviendas sociales que utilizaran gas licuado de petróleo (GLP) en zonas donde no llegaba la red de gas natural. Allí estipuló el aporte de butano y propano que las empresas productoras debían volcar al mercado interno para el fraccionamiento en garrafas de 10, 12 y 15 kilos.

PAE rechazó los argumentos que usó Energía en las resoluciones. La empresa sostuvo que no procesa, fracciona o distribuye líquidos del gas natural y nunca participó en el mercado de garrafas, a diferencia de otras empresas enfocadas en esas actividades. Según la empresa, tuvo un contrato por 10 años con TGS (Transportadora Gas del Sur) para la obtención de GLP, contrato que venció en abril de 2016. Con respecto al 'Programa Hogar', explicó que durante la vigencia del mencionado contrato de procesamiento con TGS, PAE mantuvo y cumplió con sus entregas destinadas a las garrafas sociales que la autoridad fijaba.

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Las multas que estipuló el Ministerio de Aranguren parecen acabar con las críticas que se le hicieron el año pasado. Por ejemplo, la diputada nacional Elisa Carrió denunció a tres funcionarios de Energía por supuestas "negociaciones incompatibles con la función pública" por eximir a diversas empresas de hacer su aporte a las garrafas subsidiadas.

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