En una conferencia de prensa brindada en horas de la mañana, el Gobierno, haciéndose eco del fuerte ruido que provocó el acuerdo con el Correo Argentino, salió a dar explicaciones de como abordarán el asunto oficialmente.

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El jefe de Gabinete, Marcos Peña, estuvo acompañado del ministro de comunicaciones, Oscar Aguad. Ambos informaron una serie de medidas que adoptarán en el expediente judicial en el cual se tramita el concurso preventivo de la compañía que manejó el servicio postal hasta 2001 y otras de índole política.

En este sentido, Peña anunció cuál será la estrategia técnica que adoptará el Ejecutivo en medio de la polémica por el concurso preventivo de una empresa de la familia del Presidente. Sin duda, la fuerte controversia y la polémica desatada desde diversos sectores no pudo ser omitida desde el Gobierno, y por ello, hoy se anuncia oficialmente que medidas adoptaran.

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"Vamos a solicitar una audiencia con carácter urgente para pedir que la Cámara aborde de manera integral esta problemática y que incluya los juicios que le ha hecho la empresa al Estado", expresó Peña. Asegurando además que para el Gobierno "no hay un conflicto de intereses" en el acuerdo realizado con el Correo Argentino, más allá del nexo familiar del presidente y el grupo SOCMA. Agregando que “además se solicitará un veredicto técnico a la Auditoría General de la Nación antes de suscribir una postura definitiva".

Aguad, responsable del área de Gobierno que firmó el acuerdo que fue objetado por la fiscal de Cámara Gabriela Boquín, aclaró: “jamás consulté este tema con el Presidente, tiene vedado por ley interesarse en alguna cuestión que involucre a algún familiar". "El Presidente nunca se interesó en el tema y lo único que pidió es que tratáramos de solucionarlo con los tres poderes del Estado", agregó.

El gobierno de Cambiemos cerró un entendimiento con la empresa que administró el Correo hasta 2001, propiedad de Franco Macri, para saldar una deuda que fue concursada. La fiscal general objetó el entendimiento porque considera que se trata de una "licuación" de la deuda y no un acuerdo razonable.

Pese a las repercusiones que generó el dictamen, los funcionarios coincidieron esta mañana en señalar que "no se trata de un problema político" sino de índole "técnico, judicial". Sin embargo, el jefe de  ministros ató la polémica al año electoral. "Tenemos absoluta y plena convicción de la transparencia de lo que se está hablando", suscribió.

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