En medio del escándalo por el acuerdo que condona la deuda que el Grupo Macri tiene con el Estado por no haber pagado el canon cuando manejaba el Correo, se conoció la sorpresiva postergación de una licitación que podría terminar en nuevo escándalo por el conflicto entre interés.  

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), organismo dependiente de la cartera de Energía que conduce Juan José Aranguren, resolvió posponer para el 24 de febrero la apertura de ofertas para la construcción de las obras civiles del reactor nuclear CAREM, inicialmente previstas para ayer, de acuerdo a lo informado por el organismo en su página web. La fecha original era la última semana de enero pero ya fue cambiada dos veces.

Lo particular de esta licitación es que enfrenta a los dos constructores más cercanos al presidente Mauricio Macri: su primo Angelo Calcaterra y su “hermano de la vida” Nicolás Caputo. Completa la nómina de interesados Techint, Cartellone y otras empresas de menor tamaño asociadas en UTEs.

SI bien quien presente la oferta más barata no se quedará en forma automática con el proyecto (se evalúa también la oferta técnica), quedará en inmejorables condiciones para hacerse del millonario contrato.

Semanas atrás, se puso en duda la transparencia con que el gobierno está llevando adelante estos procesos, al conocerse que Nucleoeléctrica Argentina (la empresa que opera las centrales nucleares) contrató sin licitación pública a Caputo para construir una unidad de almacenamiento para el combustible quemado de Atucha I por 500 millones de pesos. Desde el ministerio de Energía, que conduce Juan José Aranguren, explicaron que fue un proceso competitivo en el que se invitó a 6 empresas entre las que Caputo presentó la oferta económica más baja”.

A pocos días de asumir Macri, la CNEA adjudicó a Caputo la construcción del reactor de investigación RA10. Si bien la defensa oficial fue que la licitación había sido llevada adelante por el kirchnerismo, no dejó de llamar la atención que se haya resuelto adjudicarla sin más cuando otros funcionarios, como la Dirección Nacional de Vialidad, argumentan que estuvieron un semestre revisando las licitaciones del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner

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