Dos miembros del Consejo de la Magistratura fueron citados a declarar por el juez federal Sebastián Casanello por la causa que invesitga si el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, cometió el delito de traficar influencias al incidir sobre el Poder Judicial. Se trata de Gabriela Vázquez, representante de los jueces, y Juan Mahiques, representante del Gobierno. el juez también citó a los mozos de Carletto, el restaurante donde supuestamente Angelici concurrió a entrevistarse con Norberto Oyarbide, para pedirle que renuncie.

A Vázquez y Mahiques, el juez quiere escucharlos porque la legisladora Elisa Carrió dijo que Angelici incidió sobre el Consejo de la Magistratura para que se designara a Juan Manuel Grangeat en el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro, mediante un procedimiento supuestamente irregular. Carrió dijo que Grangeat: "Era el candidato de los servicios de inteligencia". Además denunció que pasó a integrar la terna de postulantes para el juzgado pese a que en la orden de mérito estaba séptimo. La legisladora de Cambiemos aseguró que la terna la impulsó Mahiques y que Grangeat es secretario del juzgado federal de Luis Rodríguez. Jaime Stiuso es padrino de uno de los hijos del juez.

Lo mas probable es que la jueza Vázquez, que vota con el kirchnerismo y en contra del Gobierno, y Mahiques declaren por escrito. Los pedidos de declaración los efectuó el fiscal Federico Delgado, que impulsó la denuncia. La causa podría enfrentar un problema técnico que terminaría beneficiando a Angelici. Carrió denunció que el presidente de Boca era el operador del Gobierno en la Justicia y le achacó influir sobre jueces y consejeros. Pero para convertir estas conductas en el delito de tráfico de influencia debe mediar un pago, promesa o dádiva para el que trafica influencias en nombre de otra persona, supuestamente la que hizo el encargo.

No hay evidencia de que alguien le haya pedido a Angelici que hiciera estas gestiones y no se sabe si a cambio de algo. Si no se puede probar un intercambio de favores, es probable que la acusación no prospere. No basta con que visite a un funcionario, juez o legislador para pedir por algo o por alguien. Esta conducta no es un delito. Ocurre a diario en el Congreso y en Tribunales. Lo que sí es delictivo es que consiga lo que pide a cambio de dinero, lo que constituiría un caso de cohecho. Si el mensajero actuara en nombre de otra persona de quien percibe un beneficio por su gestión, sí se estaría ante el delito de tráfico de influencias.

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