El conflicto ente los trabajadores de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y las autoridades de la empresa, además de los funcionarios del ministerio de Energía y Minería, que conduce Juan José Aranguren, escala en forma peligrosa. Hace 8 días los trabajadores decidieron tomar la mina 1 en protesta por los despidos, la paralización del yacimiento.

Como consecuencia de una denuncia realizada por el interventor Omar Zeidán, cercano al diputado Eduardo Costa, la justicia federal de Río Gallegos, a cargo del juez Aldo Suárez, citó a declaración indagatoria a 6 sindicalistas, luego del pedido del fiscal federal Guillermo Marijián para que ese magistrado hiciera cesar la toma de la mina.

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La discusión gira en torno al presunto riesgo para la seguridad pública que podría implicar la ocupación de las instalaciones mineras, algo que rechazan los trabajadores, quienes se quejan por la “desinversión y paralización de la central térmica a la que abastecería la mina, faltando un 30% para la culminación de la obra”.

 

Omar Zeidán, inverventor de YCRT.

 

"No hay gente en el interior de mina ya que para resguardar a los compañeros determinamos hacer la medida en la boca de mina", aseguró Miguel Páez, secretario general de ATE Río Turbio, uno de los dirigentes citados por la justicia, desmintiendo que exista "peligrosidad inminente".

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Asimismo, Páez afirmó que "el riesgo es el de la continuidad laboral y de todo el emprendimiento, porque está paralizada la obra de la usina de 240 mega hace dos años y nos preocupa nuestra fuente de sustento a futuro" y agregó que YCRT intenta "deslegitimar y judicializar nuestra medida, lo que no tiene ningún sentido" ya que en la mina se mantiene la actividad con guardias mínimas, con sectores que están trabajando "prácticamente con normalidad".

"No estamos bancando a los corruptos, no es una medida política", respondió Páez ante las acusaciones de YCRT en el marco del avance de las causas de corrupción que involucran a funcionarios del ex Ministerio de Planificación Federal, YCRT, la Universidad Tecnológica Nacional facultad regional Santa Cruz y su fundación, durante la administración de Cristina Kirchner. El dirigente agrego que "si se comprueban, tienen que ir todos presos, en cualquier gobierno todos los que meten la mano contra los bienes del estado tienen que ir presos".

 

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