La Cámara en lo Penal Económico confirmó el procesamiento y el millonario embargo del empresario Carlos Oldemar "Cuqui" Barreiro Laborda y un grupo de aduaneros acusados de haber formado una banda para mover contenedores retenidos en la Aduana que estaban judicializados.

No obstante, por mayoría, la Cámara excarceló a dos de los jefes de Aduana sospechados de haber participado de la banda: revocó la prisión preventiva de Osvaldo Alberto Giacumbo, el jefe de la Aduana en el puerto local que estuvo prófugo varios días, y Edgardo Rodolfo Paolucci, ex director de Aduana en la ciudad de Buenos Aires.

El grupo fue procesado por buscar mover containers que estaban investigados por la Justicia por tener adulterado el peso y la calidad de los materiales importados que contenían, a cambio de coimas. En un fallo de los jueces Nicanor Repetto, Juan Carlos Bonzón y Edmundo Hendler confirmaron los procesamientos de Barreiro Laborda, Paolucci, Rodolfo Enrique Trebino, Mauro Daniel Delmastro, Néstor Frega, Giacumbo, Vanesa Calamante, Martín Aníbal Corral, Santiago Jiménez y Federico Tiscornia.

Las detenciones se ordenaron el 24 de octubre cuando el juez sostuvo que los imputados habían formado una banda para liberar contenedores que estaban judicializados, aprovechando "la corrupta debilidad de quienes debían custodiar el interés y los recursos públicos".

A mediados de noviembre Aguinsky procesó por asociación ilícita y contrabando a nueve acusados, a los que embargó por más de 22 millones de pesos cada uno. Ahora, la Cámara confirmó esa resolución, aunque revocó las preventivas de Giacumbo y Paolucci y se declaró incompetente para intervenir en los recursos de apelación sobre las prisiones preventivas de Barreiro, Delmastro, Tiscornia y Trebino.

En su apelación, Barreiro Laborda había dicho que no existía "una asociación destinada a cometer delitos" y que su comportamiento solo estuvo dirigido a concretar un "sinceramiento aduanero". "De las constancias incorporadas al legajo principal surgen elementos probatorios que justifican las órdenes de procesamiento que son materia de apelación. Las transcripciones de las conversaciones telefónicas interceptadas, cuya autenticidad no se encuentra en discusión, y lo declarado" en indagatorias "dan cuenta de la intervención que les cupo a cada uno encaminada a burlar el control aduanero sobre las mercaderías almacenadas en los contenedores que se encuentran en situación de rezago en las distintas terminales portuarias", sostuvo la Cámara.

El fallo añadió: "la gran cantidad de conversaciones telefónicas interceptadas cuyas transcripciones obran incorporadas al principal dan cuenta de los acuerdos entre los distintos imputados. Esos elementos indiciarios alcanzan para atribuirles haber integrado una asociación con finalidades delictivas". 

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