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El Gobierno Nacional comenzó con su presión legislativa contra la Procuradora Alejandra Gils Carbó. Hoy firmará un dictamen con apoyo del massismo para modificar la ley del Ministerio Público

Cambiemos busca firmar el dictamen que establece que el cargo del procurador general dura cinco años –con posibilidad de extenderlo por otros cinco-, pero nada dice acerca de la situación de Gils Carbó, designada durante la gestión kirchnerista.

De este modo, la situación de la jefa de los fiscales quedará librada a la reglamentación del Poder Ejecutivo, o, en última instancia, a la Justicia.

En caso de querer removerla, el Congreso deberá iniciar un proceso de juicio político, donde se necesitará mayoría simple en Diputados y calificada en el Senado.

Por su parte, Gils Carbó fue tejiendo alianzas para evitar ser removida. En el plano internacional, sus acuerdos son de dos tipos: con pares de otros países y con organismos internacionales.

La Procuradora  está en relación constante con el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), James Cavallaro.

Gils Carbó también firmó convenios con provincias como Santa Fe y Salta, además de los acuerdos llegados con intendentes como Juan Zabaleta (Hurlingham), Alberto Descalzo (ituzaingó) y Gustavo Menéndez (Merlo).

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