Carlos Balbín, el ex procurador del Tesoro, deberá prestar testimonio bajo juramento y en calidad de testigo en la causa en la que se investiga la supuesta condonación de una millonaria deuda del Estado al Correo Argentino S.A., informaron hoy fuentes judiciales. 


El jefe de los abogados del Estado, antes de dejar su cargo, había participado de la realización de un informe de auditoría sobre el concurso de acreedores de la empresa controlada por la firma Socma S.A.


El juez federal Ariel Lijo dispuso citar al funcionario a declarar el próximo miércoles como testigo en el marco de la causa, según informaron las fuentes. 

 

Juez federal, Ariel Lijo

 


La citación del ex funcionario había sido solicitada por la fiscalía luego de tomar conocimiento de que, antes de dejar sus cargos, habían realizado una auditoría sobre el concurso de acreedores que impulsó el Correo hace ya 16 años.


El informe de auditoría daba hacía referencia a la responsabilidades del Estado -en su calidad de acreedor- en la prolongación del concurso pero advertía también sobre el sinnúmero de maniobras realizada por la empresa para evitar el pago de sus deudas.


Parte de la información de ese informe coincidía con la posición de la fiscal ante la Cámara Comercial, Gabriel Boquin, quien este año denunció que el Estado, bajo la actual gestión, había aceptado una oferta "abusiva" por parte de la empresa. 


El hecho que generó una catarata de denuncias en los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, es que el acuerdo cuestionado por Boquin fue suscripto entre el gobierno de Mauricio Macri y una firma controlada por su familia.


El informe de la Procuración del Tesoro remarcaba que "si se acude a una figura literaria, se podría decir que a este drama le pudieron haber puesto fin cualquiera de los principales actores: El Correo, el Estado y los Tribunales", pero que "no fue así".

 


En el informe, que llevaba la firma de García, se sostenía que al analizar el el concurso del Correo "se observan, en términos generales, decisiones que retrogradan el proceso a etapas ya precluidas".


Los auditores, según el texto al que accedió Télam, remarcaban que había "períodos de inactividad procesal que superan los plazos legalmente establecidos y presentaciones que reiteran otras anteriores previamente desestimadas dilatando el proceso".


El caso del Correo llegó a Comodoro Py a través de cuatro denuncias: dos fueron realizadas por diputados kirchneristas, una por un abogado independiente y la cuarta por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez.

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