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El tribunal hizo esta consideración al revocar la prisión preventiva contra trabajadores de una clínica en Rio que fueron detenidos cuando estaban practicaban un aborto clandestino en 2013, informó el alto tribunal en un comunicado. 

En 2014, la Corte ya había ordenado liberar a los cinco trabajadores por entender que no representaban una amenaza al orden público ni se daban otros requisitos para su prisión preventiva. Pero al juzgar esta semana el habeas corpus sobre el mérito del caso, tres de sus miembros añadieron el argumento de que, “en la hipótesis de la interrupción voluntaria de la gestación efectuada en el primer trimestre, la criminalización viola diversos derechos fundamentales de la mujer”.

 

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Marchas realizadas en Brasil a favor del aborto.

 A raíz de esto, el juez Luís Roberto Barroso explicó que “es la mujer quien soporta la carga integral del embarazo. Solamente habrá igualdad plena si a ella se le reconoce el derecho de decidir sobre la continuidad o no de dicha gestación. Tener un hijo por determinación del derecho penal constituye una grave violación de la integridad física y psíquica de una mujer”. 

 

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Un grupo de mujeres decidieron alzar sus voces.

En su voto, el juez Barroso recordó que “prácticamente ningún país democrático y desarrollado”  trata hoy el aborto como un crimen, siempre que se produzca “durante la fase inicial”. Con estas palabras, se refirió específicamente a la legislación de España y de otros países europeos, como Alemania, Francia, Holanda, Italia, Portugal o Reino Unido, además de Australia, Canadá y Estados Unidos.

Luiz Carlos Hauly, veterano diputado del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) y que apoyó el pasado mayo la impugnación de la presidenta; se quejó en un discurso ante el pleno de la Cámara: “Quiero hacer una protesta vehemente contra la sala primera del Supremo. ¡Está instituido el asesinato!”.

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