El recapturado jefe narco Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien desde anoche está de nuevo en la cárcel de máxima seguridad de El Altiplano de la que se fugó hace seis meses, concentrará todo su poderío económico, jurídico y político en evitar la extradición a los Estados Unidos, que lo reclama desde junio de 2015, mientras el gobierno de México se debate sobre la conveniencia de ceder a las presiones diplomáticas y de la propia sociedad méxicana o intentar recuperar cierta confianza en sus instituciones.

Según fuentes de la defensa del líder del Cartel de Sinaloa citadas por la agencia ANSA, la estrategia para defenderse “con uñas y dientes” de una extradición a los Estados Unidos comenzará con la presentación de un nuevo amparo judicial, que podría tener la forma de una “suspensión provisional” para dilatar una decisión oficial sobre los pedidos que hizo llegar en junio y julio de 2015 la justicia estadounidense.

Apenas conocida la recaptura del narcotraficante, cuya fortuna se calcula en mil millones de dólares, el embajador de México en Washington, Miguel Basáñez, dijo en una entrevista concedida al diario mexicano Reforma que la orden de extradición contra el narcotraficante continúa vigente, pese a que sus abogados promovieron amparos para frenar su entrega a Estados Unidos, aún antes de ser detenido. También participó del debate el senador y precandidato republicano a la Casa Blanca Marco Rubio, quien le pidió al gobierno del presidente Barack Obama que solicite de manera inmediata la extradición delnarcotraficante mexicano. "Nosotros tenemos la capacidad para llevarlo ante la justicia", argumentó Rubio, que encabeza el poderoso Subcomité de Relaciones Exteriores para las Américas y el crimen trasnacional del Senado.

Según la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), "El Chapo" es uno de los narcotraficantes que más droga ha hecho introducido clandestinamente a este país y, por ello, tiene varias cuentas pendientes en tribunales federales de Arizona, Texas, California, Illinois, Florida y Nueva York, por decenas de cargos de narcotráfico y lavado de dinero.

El caso es que la extradición de Guzmán es una decisión compleja para el gobierno de Enrique Peña Nieto. Por un lado, hay fuertes presiones de Estados Unidos, difíciles de soportar cuando “El Chapo” puso en ridículo en dos fugas consecutivas a las instituciones mexicanas. Tanto el presidente como su secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, entre otros funcionarios, destacaron ayer ya fortaleza de las instituciones mexicanas y destacaron que “ningún delincuente está fuera del alcance del Estado mexicano”.

Sin embargo, el hecho de que Guzmán haya sido alojado otra vez en la misma cárcel de El Altiplano, de la que el 11 de julio último se escapó utilizando un tunel de 1,5 kilómetros que no pudo haberse construido sin una fuerte logística y complicidad de las autoridades, genera suspicacias en la opinión pública mexicana, que manifiesta dudas a través de las redes sociales sobre la capacidad del Estado para retener al jefe narco tras las rejas.

En 2014, cuando “El Chapo” transitaba su segunda temporada en prisión, el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, aseguró que la extradición solicitada por los tribunales estadounidenses no se concendería “ni en 300 o 400 años”. Pero la situación ya no es la misma para un Gobierno que se un debate sobre qué hacer.

El vicecanciller Miguel Ruiz puso paños fríos sobre el interrogante al señalar que esa decisión requiere de un análisis jurídico muy cuidadoso, y destacó que el Estado tiene la capacidad para resguardarlo en presidio.

El dilema tiene varias aristas, la más superficial es que una rápida decisión de extraditar a Guzmán sería interpretada como una admisión de las incapacidad de las instituciones mexicanas para asegurar que no haya una tercera fuga, que sería catastrófica para el gobierno. Si se inicia un juicio de extradición, las autoridades estadounidenses tendrían 60 días para formalizar las solicitudes. Luego un juez mexicano emitiría una resolución para que la Secretaría de Relaciones Exteriores decida. Al final, la última palabra la tiene la canciller. Mientras tanto, Guzmán puede promover más amparos para evitar que lo entreguen a la justicia estadounidense, como ya ha ocurrido con otros capos del narcotráfico.

Otro tema que juega en la decisión es si, perdido por perdido, “El Chapo” se acoge algunos de los beneficios que prevén las leyes estadounidenses para quienes entreguen información que permita desarticular redes delictivas. Se presume que el jefe narco tiene conocimiento de primera mano de redes de corrupción y complicidades dentro de las instituciones mexicanas y de las estructuras políticas.

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